El 31 de julio es una fecha clave que marcaría un antes y un después en el Sistema de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa). Sucede que ese día vence la última prórroga que los concejales les concedieron la los taxistas para que puedan deshacerse de las licencias compartidas. A partir de esa fecha, todos los dueños de taxis están obligados a tener la el 100% de la titularidad de sus licencias.

"Este es la última prorroga que daremos. La idea es que los propietarios adecuen sus papeles para no quedar afuera del sistema", expresó el concejal alperovichista y miembro de la comisión de Transporte, Javier Morof.

Precisamente, este fue el impedimento que históricamente argumentó el Departamento Ejecutivo municipal para justificar la demora en la entrega de las licencias definitivas.

Según trascendió de manera extra oficial desde la Municipalidad, serían 900 las licencias de taxis que serían dadas de baja, ya que sus titulares no estarían cumpliendo con la norma que prohibe los permisos compartidos.

De todas manera, en el edificio de 9 de Julio y Lavalle aseguran que los el padrón definitivo de taxis estaría disponible durante los primeros días de agosto. Esta idea también es compartida por los concejales del amayismo. "Después del 31 de julio vamos a estar en condiciones de determinar la legalidad de todas las licencias, una vez que tengamos el padrón definitivo. Puedo decir que eso va a pasar. Yo doy fe y pongo la firma. Me juego en el trabajo responsable que están haciendo en el Sutrappa. Van a llegar al 31 de julio con un padrón ordenado y el sistema va a empezar a funcionar", reiteró a LA GACETA el edil amayista, José Franco. Con la depuración del sistema, unos 5.000 vehículos estarán autorizados para prestar el servicio en la capital.

Paralelamente a la depuración automática del sistema, los propietarios y peones de taxis piden que se modifique la ordenanza Nº 3.713 que regula la actividad.

En mayo, los representantes de las dos agrupaciones que nuclean a propietarios y choferes le enviaron una nota al intendente Domingo Amaya para que impulse una modificación en la norma, de manera que sean menos autos de alquiler autorizados para prestar el servicio.

Actualmente, la ordenanza 3.713 establece que debe haber un auto de alquiler por cada 85 habitantes. Esta proporción hace que puedan circular legalmente unos 6.000 vehículos. El pedido, que también fue avalado por el Sindicato de Peones de Taxis, contempla que haya un taxi por cada 200 habitantes. "Hay un exceso de autos circulando, esto sin contar a los que vienen de municipios del Gran San Miguel de Tucumán. En total hay 1.500 autos de la capital y otros municipios. Así no hay actividad que aguante. En la ciudad de Rosario, con 1,6 millones de habitantes circulan 3.500 autos", se había quejado el dirigente Antonio Rodríguez, cuando encabezó la protesta de hace dos semanas.

A fin de mes también vence el plazo establecido por la AFIP para que los propietarios de taxis blanqueen a sus choferes.